Adriana Argudín Palavicini
Al embate de la crisis económica se suma ahora un nuevo peligro sobre nuestro país que, hasta el momento, se cierne sobre los habitantes del Distrito Federal y el Estado de México. Se trata del brote de una nueva cepa del virus de la influenza que hasta ahora –según fuentes oficiales- se ha comprobado como la causa de muerte en 20 de los 68 fallecimientos ocurridos en las semanas recientes, a lo que se agrega una cantidad de casi mil personas que pudieran estar infectadas. Lo nuevo con este tipo de cepa, dicen los expertos, es que está afectando a la población joven y a adultos jóvenes (que ha sido el caso de las lamentables muertes). El gobierno federal ha lanzado una alarma nacional entre la población y ha ordenado ciertas medidas para el D.F. y el Estado de México, entre otras, la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles escolares, y el cierre de centros culturales y de esparcimiento. En los medios masivos de comunicación ha emprendido una campaña en la que, fundamentalmente, se manejan las medidas preventivas que debe adoptar la población para evitar el contagio de esta enfermedad respiratoria y para acudir a los centros de salud en caso de presentar los síntomas que la caracterizan.
A medida que han pasado las horas, la información se ha vertido con cierta lentitud y con algunas contradicciones. Así, no poca gente ha comentado –y criticado- el hecho de que no se detectara a tiempo el brote y el contagio y, en consecuencia, el retraso en declarar la alarma nacional. Se rumora que el problema se detectó desde el 13 de abril, pero que en virtud de la cercanía de la visita del presidente Barak Obama a México, se optó por no dar a conocer la noticia. También han sido claras algunas contradicciones tanto entre lo que sostienen las autoridades mexicanas correspondientes y lo que han declarado organismos internacionales de Salud, como entre las declaraciones de las propias autoridades mexicanas federales y locales, que han causado zozobra e incertidumbre entre la población.
De acuerdo con declaraciones del secretario de salud, José Ángel Córdova Villalobos, no hace falta vacunarse contra la enfermedad, sólo es necesario el tratamiento con antivirales, asegurando que el país cuenta con el medicamento adecuado y en cantidad suficiente. Pero, resulta que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) de Estados Unidos, actualmente no existe la vacuna contra este tipo de virus dado que es un virus nuevo, además, han comprobado que este virus no reacciona a dos de los cuatro antivirales normalmente utilizados en Estados Unidos para aliviar esta enfermedad. Es válido, entonces, preguntarse si realmente contamos en el país con el antiviral adecuado, ¿no será que el secretario de Salud pretende sólo salir del paso? Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, ha declarado que en el Distrito Federal este fin de semana se llevará a cabo una campaña masiva de vacunación. ¿Habrá encontrado la vacuna mágica para esta nueva cepa del virus o sólo se trata de una campaña mediática?
Lo cierto es que el problema sí parece ser delicado y así habría que decírselo a la población. Pero, ciertamente, el gobierno no las tiene todas consigo. Los estragos de la crisis económica que estamos padeciendo, pero, sobre todo, la falta de esperanza que aflige a más de la mitad de los mexicanos azotados por el flagelo de la pobreza desde antes de la llegada de esta crisis, con toda seguridad mantiene en alerta permanente al Estado ante la nada remota posibilidad de un estallido social. Hace ya tiempo que se sabe que en México la infraestructura de los servicios de salud es insuficiente y además de mala calidad. Se sabe, también, que en los presupuestos anuales que cada año aprueba el Congreso de la Unión no se otorgan los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a la creciente demanda tanto de los servicios como de la creación de la infraestructura, que garantice brindar a la población y, sobre todo, a la población más desprotegida y debilitada, un servicio de salud de calidad, oportuno y gratuito. Y, ¿qué medidas realmente serias y eficientes se han tomado para revertir esta situación? Hasta donde nos consta, ninguna. Sólo a manera de muestra, diré que en el país sólo existe un laboratorio mexicano (Birmex) que produce la vacuna contra la influenza, cuya capacidad para producirla se reduce a tan solo ocho millones de dosis al año. En el Distrito Federal, de acuerdo con lo asentado en el segundo informe de gobierno de Marcelo Ebrard, el 46 por ciento de los capitalinos no cuenta con protección de seguridad social. Con estos datos, ¿es posible pensar que la población no se sienta agredida? Por supuesto que no.
El gobierno federal, en primerísimo lugar, pero también los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, debieran reflexionar seriamente y a la brevedad sobre los datos que están manejando tanto el CCPE como la Organización Mundial de la Salud y ponerse a trabajar a todo vapor. El peligro, aunque hasta el momento focalizado en la capital del país y en el Estado de México, no se reduce sólo a estos dos lugares. Como sabemos, se ha hablado de posibles brotes en otros estados y, solamente hablando del Distrito Federal, hasta un niño de primaria sabe que allí se trasladan a diario miles de personas de diferentes lugares del país por diversas razones. ¿Por qué, entonces, no se ha reunido el Consejo de Salubridad General, que es el órgano integrado por las autoridades de salud de todo el país y designado por nuestra Constitución como el encargado de emitir las disposiciones sanitarias para este tipo de casos?
Lo cierto es que estamos ante un nuevo flagelo que, para variar, está afectando a los mexicanos más pobres. Varias de las “acciones ciudadanas” que se han publicado para evitar el contagio están pensadas para la gente que tiene recursos económicos y condiciones para llevarlas a cabo. Quienes viven hacinados en cuartuchos pequeños, de materiales improvisados y sin ventilación; quienes apenas tienen unos cuantos pesos para llevarse un bocado a la boca o para trasladarse día tras día a sus trabajos; quienes no tienen dinero ni para comprarse una “similaspirina”; quienes carecen de los servicios de agua potable, drenaje, electricidad; en fin, quienes carecen de casi todo lo indispensable para llevar una vida digna y mínimamente saludable, ¿cómo podrán llevar a cabo tales acciones? Sería bueno que el Estado, encargado de brindar todo esto y más a sus gobernados, respondiera a estas interrogantes.
miércoles 29 de abril de 2009
jueves 9 de abril de 2009
SIN AGUA ¡MÁS PESADA LA CRUZ!
Adriana Argudín Palavicini
A las ya de por sí difíciles condiciones en que viven cientos de miles de familias, se agrega ahora la falta del suministro de agua que sufrirán, ni más ni menos, que ¡5 millones de personas! en 13 municipios del Estado de México y en 10 delegaciones del Distrito Federal. En estas regiones, el suministro del vital líquido ya se venía reduciendo tres días al mes desde enero. Pero ahora, “aprovechando la salida de vacacionistas”, el suministro se suspenderá al cien por ciento desde el jueves al domingo de esta semana santa para darle mantenimiento mayor al Sistema Cutzamala. ¡Que Dios nos agarre confesados!
Como es lógico, las protestas de los vecinos que, por razones obvias no pueden darse el lujo de vacacionar, no se han hecho esperar pues, como dijo una de las afectadas, “ya veníamos estirando el gasto, ahora también tendremos que estirar el agua”. Lo peor es que el problema no se reduce sólo a quedarse sin agua, o a estar acarreándola de cubetas y tambos. Hay que agregar, además, que habrá un gasto mayor en el consumo de gas doméstico, pues habrá que hervir el agua por lo menos para preparar los alimentos; actualmente, el precio de los cilindros de gas, dependiendo de su capacidad, está entre los 102 y los 305 pesos. Y, para quienes no alcancen el beneficio de las pipas de agua, tendrán que hacer un desembolso mayor para comprar agua embotellada. Al final, las familias más empobrecidas tendrán que gastar más a cambio de malos y escasos servicios.
Aprovechando la confusión y queriendo sumar votos para el próximo proceso electoral, se ha desatado una guerra de declaraciones entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal culpándose mutuamente por la falta del suministro de este servicio. Según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, la culpa es del gobierno capitalino ya que no ha firmado los convenios para poder avanzar en la construcción de un nuevo componente del Drenaje Profundo. Y, según Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), las declaraciones de Luege son falsas y sólo tienen fines políticos ya que aspira a gobernar el Distrito Federal.
Lo cierto es que, mientras son peras o son manzanas, el problema es para las millones de familias que tendrán que sortearlo para poder cubrir sus necesidades elementales de aseo y alimentación. Ambos organismos gubernamentales están obligados, por el sólo hecho de ser gobierno, a realizar las acciones necesarias para lograr un uso sustentable del agua a fin de generar bienestar social mediante el suministro del servicio de agua potable. Deben, además, resolver el desequilibrio que existe entre la demanda cada vez mayor y la disponibilidad cada vez menor del vital líquido, pues ello incide de manera directa en la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, en lugar de ello, no tienen empacho en publicitar que “ante la escasez de agua los usuarios tienden más a su ahorro”. Razonamientos de este calibre se evidencian también en las políticas que vienen aplicando la inmensa mayoría de nuestros actuales gobiernos estatales y municipales, y el propio gobierno federal, ante la demanda de servicios y derechos elementales que consagra nuestra Constitución a todos sus hijos. De continuar con esa falta de sensibilidad política y de violación a la ley, la escasez de servicios y derechos -que ya sufren más de la mitad de los mexicanos-, se llegará no al ahorro sino a la extinción de una buena parte de la población más vulnerable.
A las ya de por sí difíciles condiciones en que viven cientos de miles de familias, se agrega ahora la falta del suministro de agua que sufrirán, ni más ni menos, que ¡5 millones de personas! en 13 municipios del Estado de México y en 10 delegaciones del Distrito Federal. En estas regiones, el suministro del vital líquido ya se venía reduciendo tres días al mes desde enero. Pero ahora, “aprovechando la salida de vacacionistas”, el suministro se suspenderá al cien por ciento desde el jueves al domingo de esta semana santa para darle mantenimiento mayor al Sistema Cutzamala. ¡Que Dios nos agarre confesados!
Como es lógico, las protestas de los vecinos que, por razones obvias no pueden darse el lujo de vacacionar, no se han hecho esperar pues, como dijo una de las afectadas, “ya veníamos estirando el gasto, ahora también tendremos que estirar el agua”. Lo peor es que el problema no se reduce sólo a quedarse sin agua, o a estar acarreándola de cubetas y tambos. Hay que agregar, además, que habrá un gasto mayor en el consumo de gas doméstico, pues habrá que hervir el agua por lo menos para preparar los alimentos; actualmente, el precio de los cilindros de gas, dependiendo de su capacidad, está entre los 102 y los 305 pesos. Y, para quienes no alcancen el beneficio de las pipas de agua, tendrán que hacer un desembolso mayor para comprar agua embotellada. Al final, las familias más empobrecidas tendrán que gastar más a cambio de malos y escasos servicios.
Aprovechando la confusión y queriendo sumar votos para el próximo proceso electoral, se ha desatado una guerra de declaraciones entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal culpándose mutuamente por la falta del suministro de este servicio. Según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, la culpa es del gobierno capitalino ya que no ha firmado los convenios para poder avanzar en la construcción de un nuevo componente del Drenaje Profundo. Y, según Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), las declaraciones de Luege son falsas y sólo tienen fines políticos ya que aspira a gobernar el Distrito Federal.
Lo cierto es que, mientras son peras o son manzanas, el problema es para las millones de familias que tendrán que sortearlo para poder cubrir sus necesidades elementales de aseo y alimentación. Ambos organismos gubernamentales están obligados, por el sólo hecho de ser gobierno, a realizar las acciones necesarias para lograr un uso sustentable del agua a fin de generar bienestar social mediante el suministro del servicio de agua potable. Deben, además, resolver el desequilibrio que existe entre la demanda cada vez mayor y la disponibilidad cada vez menor del vital líquido, pues ello incide de manera directa en la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, en lugar de ello, no tienen empacho en publicitar que “ante la escasez de agua los usuarios tienden más a su ahorro”. Razonamientos de este calibre se evidencian también en las políticas que vienen aplicando la inmensa mayoría de nuestros actuales gobiernos estatales y municipales, y el propio gobierno federal, ante la demanda de servicios y derechos elementales que consagra nuestra Constitución a todos sus hijos. De continuar con esa falta de sensibilidad política y de violación a la ley, la escasez de servicios y derechos -que ya sufren más de la mitad de los mexicanos-, se llegará no al ahorro sino a la extinción de una buena parte de la población más vulnerable.
jueves 26 de marzo de 2009
¿CAMBIO DE ACTITUD?
Adriana Argudín Palavicini
El pasado domingo 15, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir a sus candidatos a diversos cargos de elección popular. Este ejercicio se llevó a cabo en los estados de Zacatecas, Morelos, México y el Distrito Federal, considerados como bastiones de este partido, para elegir candidatos a delegados, alcaldes, diputados federales y locales. Interesa destacar que con esta elección, para el caso de los candidatos a diputados de mayoría al Congreso de la Unión, sólo se determinaría una pequeña parte (53); el resto de los candidatos a diputados de mayoría y la totalidad de los candidatos a diputados plurinominales los elegirá el Consejo Nacional de este partido el próximo día 28.
La capital de la República fue el laboratorio electoral del PRD, tanto para los comicios del presente año como para los de 2012, pues aquí correspondieron la mayoría de los 40 distritos en que se llevó a cabo la elección, también se eligió la mayor cantidad de candidatos (además de los candidatos a diputados federales se eligieron también 40 diputaciones locales y 16 jefaturas delegacionales) y es en donde se concentró la mayor cantidad de votos (650 mil, según la comisión nacional electoral de este partido). Quizás por eso, fue aquí en donde se registraron –de acuerdo con los propios miembros de dicho instituto político- las mayores irregularidades.
Afloraron, como es ya costumbre en el PRD, discrepancias y pleitos entre sus principales corrientes acusándose mutuamente de haber cometido una serie de irregularidades –que los aspirantes habían acordado no cometer- tales como: compra de votos, acarreo de votantes, entrega de despensas y coacción del voto, entre otras, mismas que fueron creciendo a medida que pasaban los días y se fueron alimentando de hechos derivados de la propia labor de la comisión nacional electoral perredista. Entre estos hechos, destacaron el retraso en el conteo oficial de los votos, que llegó a tal grado que se acercaba peligrosamente el plazo límite legal para impugnar la elección y aún no se daban a conocer las cifras oficiales; y la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a que –aseguró la citada comisión- los primeros datos de la elección “fueron manipulados por un hacker”. Además, se registraron hechos violentos en algunas delegaciones, destacándose Iztapalapa (considerada la más importante por el número de electores en el D. F.), donde simpatizantes de Izquierda Unida amenazaron con quemar la sede nacional de su partido, y Coyoacán, donde fueron quemadas la totalidad de las boletas de la elección, por lo que, al parecer, los candidatos tendrán que ser designados directamente por el Servicio Estatal Electoral de su partido.
Para el PRD no ha terminado aún esta primera etapa del proceso electoral con vistas al 5 de julio. Falta por ver cómo se resuelven las inconformidades entre Izquierda Unida y Nueva Izquierda de lo cual dependerá cómo llegará este partido a su ya muy próximo Consejo Nacional. Lo que sí queda claro, al menos en mi muy modesta opinión, es que en tanto se sigan presentando irregularidades del tipo de las que aquí he mencionado, que siembran la desconfianza, el descontento y la incertidumbre entre la ciudadanía, difícilmente podrá el PRD o cualquiera de los partidos políticos existentes, coadyuvar a reducir el abstencionismo a su mínima expresión.
Las frías cifras hablan por sí solas. De acuerdo con estadísticas del Instituto Federal Electoral (IFE), la abstención en las elecciones federales intermedias registra un promedio histórico de 50 por ciento a partir de 1991 en que la ausencia de votantes fue de 34 por ciento; en 1997, llegó a 42.31 por ciento y, en 2003 alcanzó su máximo histórico de 58.3 por ciento. Cifras muy preocupantes sin lugar a dudas y que seguramente conocen bien y con todo detalle los partidos políticos. ¿Cuál será, entonces, su compromiso para revertir esta penosa realidad? Por lo pronto, en el caso del PRD, bastó una probadita para dejarnos el mismo sabor de boca que hasta ahora nos ha dejado.
El pasado domingo 15, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llevó a cabo elecciones abiertas a la ciudadanía para elegir a sus candidatos a diversos cargos de elección popular. Este ejercicio se llevó a cabo en los estados de Zacatecas, Morelos, México y el Distrito Federal, considerados como bastiones de este partido, para elegir candidatos a delegados, alcaldes, diputados federales y locales. Interesa destacar que con esta elección, para el caso de los candidatos a diputados de mayoría al Congreso de la Unión, sólo se determinaría una pequeña parte (53); el resto de los candidatos a diputados de mayoría y la totalidad de los candidatos a diputados plurinominales los elegirá el Consejo Nacional de este partido el próximo día 28.
La capital de la República fue el laboratorio electoral del PRD, tanto para los comicios del presente año como para los de 2012, pues aquí correspondieron la mayoría de los 40 distritos en que se llevó a cabo la elección, también se eligió la mayor cantidad de candidatos (además de los candidatos a diputados federales se eligieron también 40 diputaciones locales y 16 jefaturas delegacionales) y es en donde se concentró la mayor cantidad de votos (650 mil, según la comisión nacional electoral de este partido). Quizás por eso, fue aquí en donde se registraron –de acuerdo con los propios miembros de dicho instituto político- las mayores irregularidades.
Afloraron, como es ya costumbre en el PRD, discrepancias y pleitos entre sus principales corrientes acusándose mutuamente de haber cometido una serie de irregularidades –que los aspirantes habían acordado no cometer- tales como: compra de votos, acarreo de votantes, entrega de despensas y coacción del voto, entre otras, mismas que fueron creciendo a medida que pasaban los días y se fueron alimentando de hechos derivados de la propia labor de la comisión nacional electoral perredista. Entre estos hechos, destacaron el retraso en el conteo oficial de los votos, que llegó a tal grado que se acercaba peligrosamente el plazo límite legal para impugnar la elección y aún no se daban a conocer las cifras oficiales; y la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) debido a que –aseguró la citada comisión- los primeros datos de la elección “fueron manipulados por un hacker”. Además, se registraron hechos violentos en algunas delegaciones, destacándose Iztapalapa (considerada la más importante por el número de electores en el D. F.), donde simpatizantes de Izquierda Unida amenazaron con quemar la sede nacional de su partido, y Coyoacán, donde fueron quemadas la totalidad de las boletas de la elección, por lo que, al parecer, los candidatos tendrán que ser designados directamente por el Servicio Estatal Electoral de su partido.
Para el PRD no ha terminado aún esta primera etapa del proceso electoral con vistas al 5 de julio. Falta por ver cómo se resuelven las inconformidades entre Izquierda Unida y Nueva Izquierda de lo cual dependerá cómo llegará este partido a su ya muy próximo Consejo Nacional. Lo que sí queda claro, al menos en mi muy modesta opinión, es que en tanto se sigan presentando irregularidades del tipo de las que aquí he mencionado, que siembran la desconfianza, el descontento y la incertidumbre entre la ciudadanía, difícilmente podrá el PRD o cualquiera de los partidos políticos existentes, coadyuvar a reducir el abstencionismo a su mínima expresión.
Las frías cifras hablan por sí solas. De acuerdo con estadísticas del Instituto Federal Electoral (IFE), la abstención en las elecciones federales intermedias registra un promedio histórico de 50 por ciento a partir de 1991 en que la ausencia de votantes fue de 34 por ciento; en 1997, llegó a 42.31 por ciento y, en 2003 alcanzó su máximo histórico de 58.3 por ciento. Cifras muy preocupantes sin lugar a dudas y que seguramente conocen bien y con todo detalle los partidos políticos. ¿Cuál será, entonces, su compromiso para revertir esta penosa realidad? Por lo pronto, en el caso del PRD, bastó una probadita para dejarnos el mismo sabor de boca que hasta ahora nos ha dejado.
sábado 14 de marzo de 2009
CRISIS ECONÓMICA Y ELECCIONES
Adriana Argudín Palavicini
Con un antecedente de 58 por ciento de abstencionismo en las elecciones intermedias del año 2003, inició este año la etapa final de lo que será el proceso electoral federal del 5 de julio –proceso intermedio también-, mediante el cual habrán de renovarse las 500 posiciones de la Cámara de Diputados. También en esa misma fecha habrá elecciones locales en varias entidades federativas en las que se elegirá gobernador, ayuntamientos y congreso local.
Este año inició también con una crisis económica mundial, que ha sido calificada por expertos como la crisis más aguda de toda la historia del actual modo capitalista de producción, y de la que, obviamente, tampoco se salvará nuestro país. La cifra actual de pobres en México, que asciende a setenta y dos millones, desgraciadamente se verá incrementada pues, según una encuesta realizada por el Banco de México sobre las expectativas de economistas del sector privado, los pronósticos para 2009 indican que habrá una mayor devaluación del peso, una caída importante en la generación de empleos (tan sólo en noviembre y diciembre del año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, se perdieron 386 mil empleos), menores salarios, elevación de la inflación, menor captación de inversión extranjera directa y, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de diversas organizaciones económicas del país, el crecimiento para México en este año será negativo: de menos 0.5.
Uno y otro factores –el abstencionismo y la crisis económica-, nos deben llevar a reflexionar, por un lado, en la veracidad de las virtudes que en su momento esgrimió el Congreso de la Unión al aprobar la reforma electoral a finales de 2007 y, por otro lado, en los efectos que causará entre la población los llamados a apretarse más el cinturón cuando los gastos para sostener el sistema de partidos siguen incrementándose y sus resultados son francamente pobres.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), distribuyó ya los recursos aprobados para el financiamiento de los partidos políticos, mismo que asciende a un total de 3 mil 633 millones 067 mil 351 pesos, cantidad que habrán de utilizar los partidos en tres rubros: para gastos de precampañas y campañas, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y para sus actividades específicas.
Recordemos que uno de los argumentos centrales de la reforma electoral fue el de hacer menos onerosas las contiendas políticas. Sin embargo, las cifras publicadas por el propio IFE indican que muy poco o nada se logró en este sentido. Por el contrario, comparando los datos del financiamiento aprobado para los partidos políticos de los años 2006 y 2009, tenemos que el rubro de actividades ordinarias permanentes registra un incremento de 32 por ciento; el de actividades específicas, se incrementa en 107 por ciento, y el financiamiento para los gastos de campaña -que estuvo muy lejos de reducirse en 70 por ciento a través de la reforma electoral como lo prometió el Poder Legislativo-, registra una disminución de 28 por ciento, aunque ahora se agrega el gasto de las precampañas, cifra que queda un tanto oculta entre la enorme cantidad total del financiamiento. Baste decir aquí que de los ocho partidos que contenderán el 5 de julio, entre los tres principales, PAN, PRI y PRD se distribuirán el 64 por ciento del total asignado para gastos de campaña, correspondiendo al PAN la mayor cantidad: 228 millones de pesos (el 28 por ciento).
En lo económico, tenemos, por una parte, una enorme capacidad de producción y, por la otra, una población que se empobrece cada vez más, esto es, un mercado que se hace cada vez más pequeño. En lo político, también tenemos varias ofertas, pero también el mercado de votantes se ha reducido. En el transcurso de los últimos seis años, cinco partidos desaparecieron y se crearon dos nuevos; en las elecciones intermedias de 2003 contendieron once partidos, ahora lo harán ocho: seis de ellos que han logrado mantenerse en la arena política y dos nuevos que medirán su capacidad de convencimiento para no desaparecer después de este proceso electoral. La situación económica de la mayoría de los mexicanos ha empeorado también, en buena medida, por el hecho de que muy pocos de quienes han ocupado y ocupan un cargo de elección popular han resuelto, por lo menos en una cantidad y calidad mínimamente aceptables las demandas más sentidas de los ciudadanos. Y esto, sin lugar a dudas, ha venido influyendo -y la elección de julio próximo no será la excepción- de manera negativa en los resultados electorales. El descontento popular persiste y se está agravando cada día más, y con la terrible crisis económica cuyos estragos apenas comienzan, el panorama que se vislumbra será verdaderamente desolador: el hambre, el desempleo y las carencias de lo básico en materia de salud, vivienda, vestido, educación y servicios elementales (agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.) no mejorarán por mucho tiempo. Así las cosas, a los partidos políticos les ocurrirá lo mismo que ahora ocurre con las mercancías: no encontrarán suficientes “compradores”, es decir, electores.
¿Cuál es entonces la salida? En el terreno económico, hay que distribuir mejor el ingreso; y una de las vías más seguras para ello consiste en crear empleos, muchos empleos permanentes y bien pagados a fin de que la gente tenga con qué comprar y las empresas puedan vender sus mercancías y se reactive el mercado. En tanto esto no se haga y se siga con una política de empobrecimiento de las grandes masas, los mercados terminarán destruyéndose.
En el terreno político, es necesario que partidos, autoridades y ciudadanos tengamos claro que el voto no es la única expresión de la política: la democracia no empieza ni termina con ir a emitir nuestro voto. La democracia electoral debe complementarse con el derecho del pueblo a organizarse, a fin de que haya mayor libertad política, mayor posibilidad de participación concreta en la vida y en el gobierno del país a fin de alcanzar un verdadero bienestar para la inmensa mayoría de la población, pues en tanto persista un tripartidismo y se siga negando el pleno ejercicio de otras formas de participación de la ciudadanía, distintas y ajenas a los partidos políticos, las posibilidades de un estallido social no están, por desgracia, muy lejanas.
Con un antecedente de 58 por ciento de abstencionismo en las elecciones intermedias del año 2003, inició este año la etapa final de lo que será el proceso electoral federal del 5 de julio –proceso intermedio también-, mediante el cual habrán de renovarse las 500 posiciones de la Cámara de Diputados. También en esa misma fecha habrá elecciones locales en varias entidades federativas en las que se elegirá gobernador, ayuntamientos y congreso local.
Este año inició también con una crisis económica mundial, que ha sido calificada por expertos como la crisis más aguda de toda la historia del actual modo capitalista de producción, y de la que, obviamente, tampoco se salvará nuestro país. La cifra actual de pobres en México, que asciende a setenta y dos millones, desgraciadamente se verá incrementada pues, según una encuesta realizada por el Banco de México sobre las expectativas de economistas del sector privado, los pronósticos para 2009 indican que habrá una mayor devaluación del peso, una caída importante en la generación de empleos (tan sólo en noviembre y diciembre del año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, se perdieron 386 mil empleos), menores salarios, elevación de la inflación, menor captación de inversión extranjera directa y, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de diversas organizaciones económicas del país, el crecimiento para México en este año será negativo: de menos 0.5.
Uno y otro factores –el abstencionismo y la crisis económica-, nos deben llevar a reflexionar, por un lado, en la veracidad de las virtudes que en su momento esgrimió el Congreso de la Unión al aprobar la reforma electoral a finales de 2007 y, por otro lado, en los efectos que causará entre la población los llamados a apretarse más el cinturón cuando los gastos para sostener el sistema de partidos siguen incrementándose y sus resultados son francamente pobres.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), distribuyó ya los recursos aprobados para el financiamiento de los partidos políticos, mismo que asciende a un total de 3 mil 633 millones 067 mil 351 pesos, cantidad que habrán de utilizar los partidos en tres rubros: para gastos de precampañas y campañas, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y para sus actividades específicas.
Recordemos que uno de los argumentos centrales de la reforma electoral fue el de hacer menos onerosas las contiendas políticas. Sin embargo, las cifras publicadas por el propio IFE indican que muy poco o nada se logró en este sentido. Por el contrario, comparando los datos del financiamiento aprobado para los partidos políticos de los años 2006 y 2009, tenemos que el rubro de actividades ordinarias permanentes registra un incremento de 32 por ciento; el de actividades específicas, se incrementa en 107 por ciento, y el financiamiento para los gastos de campaña -que estuvo muy lejos de reducirse en 70 por ciento a través de la reforma electoral como lo prometió el Poder Legislativo-, registra una disminución de 28 por ciento, aunque ahora se agrega el gasto de las precampañas, cifra que queda un tanto oculta entre la enorme cantidad total del financiamiento. Baste decir aquí que de los ocho partidos que contenderán el 5 de julio, entre los tres principales, PAN, PRI y PRD se distribuirán el 64 por ciento del total asignado para gastos de campaña, correspondiendo al PAN la mayor cantidad: 228 millones de pesos (el 28 por ciento).
En lo económico, tenemos, por una parte, una enorme capacidad de producción y, por la otra, una población que se empobrece cada vez más, esto es, un mercado que se hace cada vez más pequeño. En lo político, también tenemos varias ofertas, pero también el mercado de votantes se ha reducido. En el transcurso de los últimos seis años, cinco partidos desaparecieron y se crearon dos nuevos; en las elecciones intermedias de 2003 contendieron once partidos, ahora lo harán ocho: seis de ellos que han logrado mantenerse en la arena política y dos nuevos que medirán su capacidad de convencimiento para no desaparecer después de este proceso electoral. La situación económica de la mayoría de los mexicanos ha empeorado también, en buena medida, por el hecho de que muy pocos de quienes han ocupado y ocupan un cargo de elección popular han resuelto, por lo menos en una cantidad y calidad mínimamente aceptables las demandas más sentidas de los ciudadanos. Y esto, sin lugar a dudas, ha venido influyendo -y la elección de julio próximo no será la excepción- de manera negativa en los resultados electorales. El descontento popular persiste y se está agravando cada día más, y con la terrible crisis económica cuyos estragos apenas comienzan, el panorama que se vislumbra será verdaderamente desolador: el hambre, el desempleo y las carencias de lo básico en materia de salud, vivienda, vestido, educación y servicios elementales (agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.) no mejorarán por mucho tiempo. Así las cosas, a los partidos políticos les ocurrirá lo mismo que ahora ocurre con las mercancías: no encontrarán suficientes “compradores”, es decir, electores.
¿Cuál es entonces la salida? En el terreno económico, hay que distribuir mejor el ingreso; y una de las vías más seguras para ello consiste en crear empleos, muchos empleos permanentes y bien pagados a fin de que la gente tenga con qué comprar y las empresas puedan vender sus mercancías y se reactive el mercado. En tanto esto no se haga y se siga con una política de empobrecimiento de las grandes masas, los mercados terminarán destruyéndose.
En el terreno político, es necesario que partidos, autoridades y ciudadanos tengamos claro que el voto no es la única expresión de la política: la democracia no empieza ni termina con ir a emitir nuestro voto. La democracia electoral debe complementarse con el derecho del pueblo a organizarse, a fin de que haya mayor libertad política, mayor posibilidad de participación concreta en la vida y en el gobierno del país a fin de alcanzar un verdadero bienestar para la inmensa mayoría de la población, pues en tanto persista un tripartidismo y se siga negando el pleno ejercicio de otras formas de participación de la ciudadanía, distintas y ajenas a los partidos políticos, las posibilidades de un estallido social no están, por desgracia, muy lejanas.
viernes 27 de junio de 2008
PETRÓLEO
PETRÓLEO:
EL PRESIDENTE, EL DEBATE Y LA CONSULTA PÚBLICA
Adriana Argudín Palavicini
El debate sobre la iniciativa de reforma energética que presentó al Congreso de la Unión el presidente Felipe Calderón, ha cumplido ya un mes. En el Senado de la República han discutido la reforma de PEMEX, abogados constitucionalistas, académicos, investigadores, técnicos, profesionistas y especialistas en petróleo. Mientras el debate sigue su curso, desde Madrid, España, el presidente Calderón hizo declaraciones que, más que derivadas de su falta de información –como dicen creer algunos legisladores-, denotan su seguridad en poder sacar adelante su iniciativa reforzada con su afirmación de que en el debate “ni siquiera se ha rebatido el aspecto central de su propuesta”.
También el presidente Calderón se pronunció sobre la consulta pública que pretende llevar a cabo sobre el mismo tema el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el próximo 27 de julio. Aquí, el presidente fue lacónico: hay que remitirse a los artículos 71 y 72 constitucionales como rectores de todo proceso de reformas, por lo que “será el procedimiento que sigamos mientras la Constitución no disponga otra cosa”. Y la constitución, como casi todo mundo sabe, no contempla el ejercicio de la consulta pública.
Independientemente de que nos guste o no la forma y el tono empleados por el presidente Calderón, lo cierto es que a fin de cuentas tocará al poder Legislativo modificar lo que crea conveniente de la iniciativa y en su momento someterla a aprobación. Al ciudadano común y corriente, como Usted o como yo, en tanto no pueda hacer que “la Constitución no disponga otra cosa”, no le resta más que esperar el veredicto de la mayoría legislativa pues así es como funciona nuestra democracia ¿o no? Siendo esto un hecho cierto y conocido, llama la atención que el jefe de Gobierno del Distrito Federal persista en su intención de llevar a cabo su consulta popular, y más todavía, el hecho de que también se aplicará en los municipios que gobierna el PRD, según ha declarado José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal perredista de Ecatepec y dirigente de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), que agrupa precisamente a tales municipios.
Desde mi punto de vista, la pretensión de llevar a cabo la consulta pública es un burdo engaño. En primer lugar, porque –como ya dije- en nuestro ordenamiento constitucional no está contemplada y, en segundo lugar, porque la misma se aplicará únicamente en el 16.7 por ciento del total de municipios con que cuenta el país (porcentaje que representan los municipios donde gobierna el PRD). Ciertamente, se ha dicho que Marcelo Ebrard apoya su propuesta basándose en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, pero no hay que olvidar que dicha ley, aunque contempla el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana, es una ley de carácter local y, como tal, dichos instrumentos están diseñados para actos, leyes y decisiones locales y muy concretos y limitados. Esto, en la capital de la República. Por lo que respecta a los municipios donde también gobierna el PRD, suponiendo que sus respectivas leyes locales contemplen la consulta ciudadana, con toda seguridad sufren de las mismas limitaciones.
Por si lo hasta aquí dicho no bastara, hay que agregar que para llevar a cabo la mentada consulta, se requiere de dinero. El IFE, que sigue pugnando para que se le apruebe un mayor presupuesto, está prácticamente descartado. El que saldría al quite, se dice, es el Instituto Electoral del Distrito Federal. Por si éste tampoco pudiera, el presidente municipal de Ecatepec ya tiene la solución: los municipios agrupados en la AALMAC la llevarán a cabo con sus propios recursos y con el apoyo de senadores, diputados locales y federales así como de síndicos y regidores. Si, a tres meses de la votación para elegir a la dirigencia nacional de su partido aún no pueden decir quién fue el triunfador, ¿logrará su consenso para que pongan dinero de sus bolsillos? ¿Qué opinión les merecerá a los miles de ciudadanos humildes de esos municipios el hecho de que el presupuesto municipal, en lugar de utilizarse en la solución de demandas de servicios elementales, se desvíe para llevar a cabo la consulta?
Por lo menos a mí me parece extraño que a algunos señores del partido del sol azteca les haya picado el mosco de la consulta ciudadana cuando sus propios resultados no son vinculantes. Pues, ¿no mueve a reflexión que quienes no han podido resolver la suciedad de su elección interna, se erijan ahora en los fieles de la balanza de un asunto que atañe a todos los mexicanos? ¿No debieran precaverse los ciudadanos del juicio que emitirán quienes como Gutiérrez Cureño (en Ecatepec), Constanzo de la Vega (en Texcoco) y Moreno Conrado (en Ixtapaluca), los desprecian cuando acuden a sus palacios a pedir solución a sus problemas? Parece ser que el proceso electoral de 2009 está mucho más próximo de lo que muchos creen.
EL PRESIDENTE, EL DEBATE Y LA CONSULTA PÚBLICA
Adriana Argudín Palavicini
El debate sobre la iniciativa de reforma energética que presentó al Congreso de la Unión el presidente Felipe Calderón, ha cumplido ya un mes. En el Senado de la República han discutido la reforma de PEMEX, abogados constitucionalistas, académicos, investigadores, técnicos, profesionistas y especialistas en petróleo. Mientras el debate sigue su curso, desde Madrid, España, el presidente Calderón hizo declaraciones que, más que derivadas de su falta de información –como dicen creer algunos legisladores-, denotan su seguridad en poder sacar adelante su iniciativa reforzada con su afirmación de que en el debate “ni siquiera se ha rebatido el aspecto central de su propuesta”.
También el presidente Calderón se pronunció sobre la consulta pública que pretende llevar a cabo sobre el mismo tema el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el próximo 27 de julio. Aquí, el presidente fue lacónico: hay que remitirse a los artículos 71 y 72 constitucionales como rectores de todo proceso de reformas, por lo que “será el procedimiento que sigamos mientras la Constitución no disponga otra cosa”. Y la constitución, como casi todo mundo sabe, no contempla el ejercicio de la consulta pública.
Independientemente de que nos guste o no la forma y el tono empleados por el presidente Calderón, lo cierto es que a fin de cuentas tocará al poder Legislativo modificar lo que crea conveniente de la iniciativa y en su momento someterla a aprobación. Al ciudadano común y corriente, como Usted o como yo, en tanto no pueda hacer que “la Constitución no disponga otra cosa”, no le resta más que esperar el veredicto de la mayoría legislativa pues así es como funciona nuestra democracia ¿o no? Siendo esto un hecho cierto y conocido, llama la atención que el jefe de Gobierno del Distrito Federal persista en su intención de llevar a cabo su consulta popular, y más todavía, el hecho de que también se aplicará en los municipios que gobierna el PRD, según ha declarado José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal perredista de Ecatepec y dirigente de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), que agrupa precisamente a tales municipios.
Desde mi punto de vista, la pretensión de llevar a cabo la consulta pública es un burdo engaño. En primer lugar, porque –como ya dije- en nuestro ordenamiento constitucional no está contemplada y, en segundo lugar, porque la misma se aplicará únicamente en el 16.7 por ciento del total de municipios con que cuenta el país (porcentaje que representan los municipios donde gobierna el PRD). Ciertamente, se ha dicho que Marcelo Ebrard apoya su propuesta basándose en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, pero no hay que olvidar que dicha ley, aunque contempla el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana, es una ley de carácter local y, como tal, dichos instrumentos están diseñados para actos, leyes y decisiones locales y muy concretos y limitados. Esto, en la capital de la República. Por lo que respecta a los municipios donde también gobierna el PRD, suponiendo que sus respectivas leyes locales contemplen la consulta ciudadana, con toda seguridad sufren de las mismas limitaciones.
Por si lo hasta aquí dicho no bastara, hay que agregar que para llevar a cabo la mentada consulta, se requiere de dinero. El IFE, que sigue pugnando para que se le apruebe un mayor presupuesto, está prácticamente descartado. El que saldría al quite, se dice, es el Instituto Electoral del Distrito Federal. Por si éste tampoco pudiera, el presidente municipal de Ecatepec ya tiene la solución: los municipios agrupados en la AALMAC la llevarán a cabo con sus propios recursos y con el apoyo de senadores, diputados locales y federales así como de síndicos y regidores. Si, a tres meses de la votación para elegir a la dirigencia nacional de su partido aún no pueden decir quién fue el triunfador, ¿logrará su consenso para que pongan dinero de sus bolsillos? ¿Qué opinión les merecerá a los miles de ciudadanos humildes de esos municipios el hecho de que el presupuesto municipal, en lugar de utilizarse en la solución de demandas de servicios elementales, se desvíe para llevar a cabo la consulta?
Por lo menos a mí me parece extraño que a algunos señores del partido del sol azteca les haya picado el mosco de la consulta ciudadana cuando sus propios resultados no son vinculantes. Pues, ¿no mueve a reflexión que quienes no han podido resolver la suciedad de su elección interna, se erijan ahora en los fieles de la balanza de un asunto que atañe a todos los mexicanos? ¿No debieran precaverse los ciudadanos del juicio que emitirán quienes como Gutiérrez Cureño (en Ecatepec), Constanzo de la Vega (en Texcoco) y Moreno Conrado (en Ixtapaluca), los desprecian cuando acuden a sus palacios a pedir solución a sus problemas? Parece ser que el proceso electoral de 2009 está mucho más próximo de lo que muchos creen.
lunes 2 de junio de 2008
INTERNACIONAL
EN BOLIVIA: NUEVO ATAQUE DE LOS RICACHOS
Adriana Argudín Palavicini
Desde que Evo Morales ganó las elecciones para presidente de Bolivia, se ha enfrentado con una cerrada resistencia de los señores del dinero, de los oligarcas bolivianos acostumbrados a explotar sin freno la mano de obra barata de los indígenas; temen perder sus privilegios y sus enormes fortunas, otrora fácilmente acumuladas y acrecentadas vía la plusvalía, en contubernio con los gobiernos anteriores.
De las recientes maniobras desestabilizadoras de la oligarquía boliviana, recordamos el anticonstitucional y falso referendo realizado el 4 de mayo en el Departamento de Santa Cruz, que gobierna el ultraderechista Rubén Costas. Este señor, junto con otros ricachos de la región más rica de Bolivia –que incluye, además del de Santa Cruz, los departamentos de Beni, Pando y Tarija-, han formado un “Comité Cívico” para el que han reclutado a golpeadores y provocadores de extrema derecha, cuyo objetivo más próximo es llevar a cabo en las próximas semanas la copia del referendo de Santa Cruz en sus respectivos departamentos.
En tanto ello ocurre, los llamados “cívicos”, no han permanecido quietos. El pasado 24 de mayo, el presidente Evo Morales realizaría un acto en el estadio “Patria” de la capital del país, Sucre, donde haría entrega de 50 ambulancias y mil viviendas para sectores populares. El evento tuvo que cancelarse debido a que los “cívicos” no sólo agredieron a las fuerzas policiales y militares, sino que secuestraron a una veintena de campesinos cuando se dirigían pacíficamente al lugar de la cita y se los llevaron, entre insultos racistas, patadas y golpes a palos, a la plaza de armas de Sucre. Ahí, fueron despojados de sus documentos y dinero, los forzaron a despojarse de sus ropas y, semidesnudos, los obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el presidente de la República.
De estas cobardes y escandalosas agresiones y humillaciones perpetradas por la clase explotadora de Bolivia, tiene información y videos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que ha condenado “enfáticamente” estas “agresiones de carácter racista y discriminatorio”, aunque, al final de su comunicado de prensa añade: “La CIDH recuerda que es obligación del Estado garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, así como investigar los hechos en forma exhaustiva y sancionar a los responsables”. Como siempre, este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asoma las orejas y revela a qué intereses responde. Condena las agresiones contra los indígenas, como si sólo se hubiera tratado de un hecho aislado de discriminación racista, dejando a un lado el hecho de que los “cívicos” se fueron también contra las fuerzas del orden. No se trató, pues, de un acto de “violación de derechos humanos”, sino de un acto de provocación y rebeldía de la ultra derecha inscrito dentro de su campaña de desestabilización del gobierno elegido democráticamente por la inmensa mayoría del pueblo boliviano.
Ítem más. El recordatorio al Estado (a Evo Morales, se entiende) sobre su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no omite el hecho de que, precisamente por tratar de hacer valer los derechos de su pueblo, pisoteados y violados durante años, el Estado representado en la persona de Evo Morales, ha concitado el odio y la rebeldía de la ultra derecha de este país? ¿Qué mejor garantía quiere la CIDH que el hecho de que los pobres andinos, con su Presidente a la cabeza, estén librando una verdadera batalla por rescatar sus recursos naturales y por conquistar un reparto más justo de la riqueza social?
A quienes debiera condenar, no sólo la CIDH y demás organismos americanos e internacionales, sino todos los gobiernos y los hombres y mujeres comprometidos con la lucha de los más débiles, es a los Rubenes Costas que buscan, a como de lugar, seguirse haciendo de las utilidades que arroja la explotación de los recursos naturales -principalmente gas-, que tiene Bolivia. Esos y no “el Estado” boliviano son los verdaderos violadores de todos los derechos.
Adriana Argudín Palavicini
Desde que Evo Morales ganó las elecciones para presidente de Bolivia, se ha enfrentado con una cerrada resistencia de los señores del dinero, de los oligarcas bolivianos acostumbrados a explotar sin freno la mano de obra barata de los indígenas; temen perder sus privilegios y sus enormes fortunas, otrora fácilmente acumuladas y acrecentadas vía la plusvalía, en contubernio con los gobiernos anteriores.
De las recientes maniobras desestabilizadoras de la oligarquía boliviana, recordamos el anticonstitucional y falso referendo realizado el 4 de mayo en el Departamento de Santa Cruz, que gobierna el ultraderechista Rubén Costas. Este señor, junto con otros ricachos de la región más rica de Bolivia –que incluye, además del de Santa Cruz, los departamentos de Beni, Pando y Tarija-, han formado un “Comité Cívico” para el que han reclutado a golpeadores y provocadores de extrema derecha, cuyo objetivo más próximo es llevar a cabo en las próximas semanas la copia del referendo de Santa Cruz en sus respectivos departamentos.
En tanto ello ocurre, los llamados “cívicos”, no han permanecido quietos. El pasado 24 de mayo, el presidente Evo Morales realizaría un acto en el estadio “Patria” de la capital del país, Sucre, donde haría entrega de 50 ambulancias y mil viviendas para sectores populares. El evento tuvo que cancelarse debido a que los “cívicos” no sólo agredieron a las fuerzas policiales y militares, sino que secuestraron a una veintena de campesinos cuando se dirigían pacíficamente al lugar de la cita y se los llevaron, entre insultos racistas, patadas y golpes a palos, a la plaza de armas de Sucre. Ahí, fueron despojados de sus documentos y dinero, los forzaron a despojarse de sus ropas y, semidesnudos, los obligaron a arrodillarse y a gritar consignas contra el presidente de la República.
De estas cobardes y escandalosas agresiones y humillaciones perpetradas por la clase explotadora de Bolivia, tiene información y videos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que ha condenado “enfáticamente” estas “agresiones de carácter racista y discriminatorio”, aunque, al final de su comunicado de prensa añade: “La CIDH recuerda que es obligación del Estado garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos, así como investigar los hechos en forma exhaustiva y sancionar a los responsables”. Como siempre, este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asoma las orejas y revela a qué intereses responde. Condena las agresiones contra los indígenas, como si sólo se hubiera tratado de un hecho aislado de discriminación racista, dejando a un lado el hecho de que los “cívicos” se fueron también contra las fuerzas del orden. No se trató, pues, de un acto de “violación de derechos humanos”, sino de un acto de provocación y rebeldía de la ultra derecha inscrito dentro de su campaña de desestabilización del gobierno elegido democráticamente por la inmensa mayoría del pueblo boliviano.
Ítem más. El recordatorio al Estado (a Evo Morales, se entiende) sobre su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos, ¿no omite el hecho de que, precisamente por tratar de hacer valer los derechos de su pueblo, pisoteados y violados durante años, el Estado representado en la persona de Evo Morales, ha concitado el odio y la rebeldía de la ultra derecha de este país? ¿Qué mejor garantía quiere la CIDH que el hecho de que los pobres andinos, con su Presidente a la cabeza, estén librando una verdadera batalla por rescatar sus recursos naturales y por conquistar un reparto más justo de la riqueza social?
A quienes debiera condenar, no sólo la CIDH y demás organismos americanos e internacionales, sino todos los gobiernos y los hombres y mujeres comprometidos con la lucha de los más débiles, es a los Rubenes Costas que buscan, a como de lugar, seguirse haciendo de las utilidades que arroja la explotación de los recursos naturales -principalmente gas-, que tiene Bolivia. Esos y no “el Estado” boliviano son los verdaderos violadores de todos los derechos.
domingo 11 de mayo de 2008
EN OPINION DE . . .
Adriana Argudín Palavicini
RECLAMOS Y REBELDÍAS DEL PUEBLO
Mientras siguen los controvertidos operativos del Ejército Mexicano para combatir al narcotráfico en varios puntos de la República, en la Delegación Iztapalapa, una de las zonas más pobladas del Distrito Federal, se registraron recientemente dos acontecimientos que terminaron en sendos enfrentamientos entre ciudadanos y policías. En uno de ellos, habitantes del predio La Magueyera se enfrentaron con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), luego que autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza habían solicitado la intervención del Ministerio Público Federal para retirar los llamados “diablitos” que habitantes del lugar tienen instalados para obtener energía eléctrica. Llama la atención el hecho de que la mayoría de quienes se enfrentaron a los agentes de la AFI, que iban armados, eran mujeres quienes, con cubetadas de agua, gritos y empujones hicieron marchar a los agentes y empleados de la compañía. El segundo de ellos, tuvo lugar en el tianguis El Salado donde comerciantes informales se enfrentaron con policías y granaderos luego de un operativo mediante el que se decomisaron principalmente pacas de ropa. La primera arremetida de los policías y granaderos no tuvo éxito, pues los comerciantes y vecinos los superaban en número y determinación, por lo que, al igual que en el caso de La Magueyera, tuvieron que replegarse.
Ciertamente, no son éstos los únicos ni los más sobresalientes hechos recientes en la capital, pero sí son una muestra del descontento creciente entre la población más desprotegida que cada vez más se siente pisoteada en sus derechos y en su dignidad. Veamos. En el caso de La Magueyera, los vecinos aseguran que existe un convenio con la paraestatal para regularizarles el servicio de energía eléctrica desde hace cuatro años, que ellos ya cubrieron la cantidad que les corresponde y que quien ha incumplido con su responsabilidad es la autoridad delegacional, que no ha cubierto la parte que se comprometió aportar. Resulta evidente que la oposición de los vecinos al intento de dejarlos sin el servicio es totalmente justificada y que el Ministerio Público Federal, antes de enviar a los agentes federales, debía haber investigado y llamar a las partes involucradas. Pero, lejos de ello, como ya queda dicho, los mandó en apoyo a la ejecución del corte del servicio. La reacción, como era de esperarse, fue de reclamo y rebeldía por parte de los afectados.
El segundo de los casos, se suma a la cadena de persecuciones, decomisos y desalojos que en fechas recientes han venido sufriendo los comerciantes ambulantes, a quienes el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende borrar de la geografía capitalina sin darles una verdadera alternativa de solución para mantenerse, ya sea a través de esta actividad o de cualquier otra. Como se sabe, el GDF se ha puesto a limpiar de ambulantes el Centro Histórico de la capital argumentando varias razones que, si bien algunas de ellas son reales y necesarias, no atacan el fondo del problema que cada vez afecta a un mayor número de familias: el desempleo. Los comerciantes ambulantes que, como cualquier ser humano necesitan comer, vuelven a aparecer, como hongos después de la lluvia, sin que los constantes desalojos de que son objeto los hagan desistir de instalar su “comercio” allí donde pueden encontrar clientela. Los zafarranchos como el ocurrido en El Salado se han vuelto cada vez más frecuentes y en no pocas ocasiones han acabado en lo mismo: la policía ha tenido que retirarse sin cumplir totalmente con su cometido, dejando mayor descontento y rebeldía entre los afectados.
Los ejemplos aquí citados son ilustrativos de que es falsa la apreciación del gobierno en el sentido de que armando más y mejor a la policía, haciéndola más desalmada e intolerante, se acabará con la pobreza que, lejos de desaparecer o ir en franca disminución, cada día se acrecienta más y más. La solución a la pobreza hay que sacarla de la realidad misma, y la realidad actual del país nos indica que el crecimiento de nuestra economía difícilmente rebasa el 2% anual; que mientras en los países de capitalismo desarrollado los gobiernos recaudan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de los impuestos, en México se recauda sólo el 19%, con el agravante de que más de la mitad de este porcentaje lo pagan los trabajadores; que el desempleo ronda a casi la mitad de la población económicamente activa y que cada año medio millón de mexicanos emigra a los Estados Unidos para no morirse de hambre. En pocas y claras palabras, la clase más rica no está invirtiendo su dinero en el país para generar empleos ni en la cantidad ni en calidad que se requieren ni tampoco está pagando impuestos, de cuyos ingresos requiere el Estado para crear la infraestructura y los servicios que el país necesita.
Como resultado de esa realidad, tenemos que los más pobres salen a vender lo que encuentran porque no hay trabajo, que el crecimiento del crimen y de la delincuencia crece todos los días como la espuma porque no hay trabajo, que la gente más necesitada empieza a rebelarse porque sus justos reclamos de servicios elementales no se resuelven y se rebela contra los actos de la autoridad que, mediante el terror y la opresión, pretenden someterlos a una vida cada vez más insoportable e inhumana. A esta cruda realidad se agrega la actual recesión de la economía de los Estados Unidos, que es el destino del 88 por ciento de nuestras exportaciones, la cual necesariamente repercutirá en una menor generación de empleos en nuestro país. Urge, pues, un cambio de rumbo, una política menos parcial a favor de los que más tienen y más atenta y sensible a los problemas de los más pobres. De no hacerlo así, no estará lejos el riesgo de una revuelta social cuyas dimensiones y consecuencias nadie quiere imaginar.
RECLAMOS Y REBELDÍAS DEL PUEBLO
Mientras siguen los controvertidos operativos del Ejército Mexicano para combatir al narcotráfico en varios puntos de la República, en la Delegación Iztapalapa, una de las zonas más pobladas del Distrito Federal, se registraron recientemente dos acontecimientos que terminaron en sendos enfrentamientos entre ciudadanos y policías. En uno de ellos, habitantes del predio La Magueyera se enfrentaron con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), luego que autoridades de la Compañía de Luz y Fuerza habían solicitado la intervención del Ministerio Público Federal para retirar los llamados “diablitos” que habitantes del lugar tienen instalados para obtener energía eléctrica. Llama la atención el hecho de que la mayoría de quienes se enfrentaron a los agentes de la AFI, que iban armados, eran mujeres quienes, con cubetadas de agua, gritos y empujones hicieron marchar a los agentes y empleados de la compañía. El segundo de ellos, tuvo lugar en el tianguis El Salado donde comerciantes informales se enfrentaron con policías y granaderos luego de un operativo mediante el que se decomisaron principalmente pacas de ropa. La primera arremetida de los policías y granaderos no tuvo éxito, pues los comerciantes y vecinos los superaban en número y determinación, por lo que, al igual que en el caso de La Magueyera, tuvieron que replegarse.
Ciertamente, no son éstos los únicos ni los más sobresalientes hechos recientes en la capital, pero sí son una muestra del descontento creciente entre la población más desprotegida que cada vez más se siente pisoteada en sus derechos y en su dignidad. Veamos. En el caso de La Magueyera, los vecinos aseguran que existe un convenio con la paraestatal para regularizarles el servicio de energía eléctrica desde hace cuatro años, que ellos ya cubrieron la cantidad que les corresponde y que quien ha incumplido con su responsabilidad es la autoridad delegacional, que no ha cubierto la parte que se comprometió aportar. Resulta evidente que la oposición de los vecinos al intento de dejarlos sin el servicio es totalmente justificada y que el Ministerio Público Federal, antes de enviar a los agentes federales, debía haber investigado y llamar a las partes involucradas. Pero, lejos de ello, como ya queda dicho, los mandó en apoyo a la ejecución del corte del servicio. La reacción, como era de esperarse, fue de reclamo y rebeldía por parte de los afectados.
El segundo de los casos, se suma a la cadena de persecuciones, decomisos y desalojos que en fechas recientes han venido sufriendo los comerciantes ambulantes, a quienes el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pretende borrar de la geografía capitalina sin darles una verdadera alternativa de solución para mantenerse, ya sea a través de esta actividad o de cualquier otra. Como se sabe, el GDF se ha puesto a limpiar de ambulantes el Centro Histórico de la capital argumentando varias razones que, si bien algunas de ellas son reales y necesarias, no atacan el fondo del problema que cada vez afecta a un mayor número de familias: el desempleo. Los comerciantes ambulantes que, como cualquier ser humano necesitan comer, vuelven a aparecer, como hongos después de la lluvia, sin que los constantes desalojos de que son objeto los hagan desistir de instalar su “comercio” allí donde pueden encontrar clientela. Los zafarranchos como el ocurrido en El Salado se han vuelto cada vez más frecuentes y en no pocas ocasiones han acabado en lo mismo: la policía ha tenido que retirarse sin cumplir totalmente con su cometido, dejando mayor descontento y rebeldía entre los afectados.
Los ejemplos aquí citados son ilustrativos de que es falsa la apreciación del gobierno en el sentido de que armando más y mejor a la policía, haciéndola más desalmada e intolerante, se acabará con la pobreza que, lejos de desaparecer o ir en franca disminución, cada día se acrecienta más y más. La solución a la pobreza hay que sacarla de la realidad misma, y la realidad actual del país nos indica que el crecimiento de nuestra economía difícilmente rebasa el 2% anual; que mientras en los países de capitalismo desarrollado los gobiernos recaudan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de los impuestos, en México se recauda sólo el 19%, con el agravante de que más de la mitad de este porcentaje lo pagan los trabajadores; que el desempleo ronda a casi la mitad de la población económicamente activa y que cada año medio millón de mexicanos emigra a los Estados Unidos para no morirse de hambre. En pocas y claras palabras, la clase más rica no está invirtiendo su dinero en el país para generar empleos ni en la cantidad ni en calidad que se requieren ni tampoco está pagando impuestos, de cuyos ingresos requiere el Estado para crear la infraestructura y los servicios que el país necesita.
Como resultado de esa realidad, tenemos que los más pobres salen a vender lo que encuentran porque no hay trabajo, que el crecimiento del crimen y de la delincuencia crece todos los días como la espuma porque no hay trabajo, que la gente más necesitada empieza a rebelarse porque sus justos reclamos de servicios elementales no se resuelven y se rebela contra los actos de la autoridad que, mediante el terror y la opresión, pretenden someterlos a una vida cada vez más insoportable e inhumana. A esta cruda realidad se agrega la actual recesión de la economía de los Estados Unidos, que es el destino del 88 por ciento de nuestras exportaciones, la cual necesariamente repercutirá en una menor generación de empleos en nuestro país. Urge, pues, un cambio de rumbo, una política menos parcial a favor de los que más tienen y más atenta y sensible a los problemas de los más pobres. De no hacerlo así, no estará lejos el riesgo de una revuelta social cuyas dimensiones y consecuencias nadie quiere imaginar.
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